El impuesto sobre el carbono es un impuesto medioambiental sobre la emisión de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, que pretende limitar su uso. Este impuesto desalienta las emisiones de contaminantes, haciendo pagar a los contaminadores en proporción a sus emisiones. El impacto del impuesto sobre los productos finales aumenta sus precios en proporción a las emisiones que ha provocado su producción, promoviendo el consumo de los productos que hayan inducido menos emisiones de dióxido de carbono en su fabricación. Un aumento gradual y planificado del impuesto puede ayudar a orientar las inversiones a largo plazo, dejando tiempo suficiente a los consumidores y a las empresas para adaptarse. El impuesto es una opción abierta para los países comprometidos en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, mediante el Protocolo de Kyoto. Así, el objetivo no es solo contribuir a disminuir la incidencia del CO2 en el cambio climático, sino también en reducir la dependencia de muchos países de los combustibles fósiles y progresar hacia una economía ecológicamente sostenible. El impuesto puede ser aplicado a nivel de los productos o, directamente en la producción y/o importación de combustibles fósiles, que emitirán dióxido de carbono al ser consumidos. El impuesto sobre el carbono es complementario del principio de los bonos de carbono (negociables a través de un mercado de carbono): el impuesto impone un precio fijo a cantidades libres, las cuotas fijan las cantidades, pero dejan variable el precio. Ambos sistemas pueden coexistir, el impuesto permite implicar a numerosos pequeños emisores de CO2 muy dispersos, a los que es difícil ponerles una cuota. En 2009, países como , , , , o la ya aplican algún tipo de impuesto sobre el carbono, a veces parcial, y otros como Francia, han anunciado que lo implantará en 2010. ha establecido un mercado de intercambio de cuotas de emisión. La aplicación varía pues entre los diferentes países. Incluso en ausencia de un impuesto sobre el carbono oficial, el sistema fiscal puede incluir los impuestos que son, en parte, una tributación implícita de las emisiones de CO2, sobre todo los impuestos a la energía o los derechos de aduana sobre las importaciones de hidrocarburos.

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A carbon tax is a tax levied on the carbon content of fuels. It is a form of carbon pricing. Carbon is present in every hydrocarbon fuel (coal, petroleum, and natural gas) and is released as carbon dioxide (CO2) when they are burned. In contrast, non-combustion energy sources—wind, sunlight, hydropower, and nuclear—do not convert hydrocarbons to CO2. CO2 is a heat-trapping "greenhouse" gas which represents a negative externality on the climate system (see scientific opinion on global warming). Since GHG emissions caused by the combustion of fossil fuels are closely related to the carbon content of the respective fuels, a tax on these emissions can be levied by taxing the carbon content of fossil fuels at any point in the product cycle of the fuel. Carbon taxes offer a potentially cost-effective means of reducing greenhouse gas emissions. From an economic perspective, carbon taxes are a type of Pigovian tax. They help to address the problem of emitters of greenhouse gases not facing the full social cost of their actions. Carbon taxes can be a regressive tax, in that they may directly or indirectly affect low-income groups disproportionately. The regressive impact of carbon taxes could be addressed by using tax revenues to favour low-income groups. A number of countries have implemented carbon taxes or energy taxes that are related to carbon content. Most environmentally related taxes with implications for greenhouse gas emissions in OECD countries are levied on energy products and motor vehicles, rather than on CO2 emissions directly. Opposition to increased environmental regulation such as carbon taxes often centres on concerns that firms might relocate and/or people might lose their jobs. It has been argued, however, that carbon taxes are more efficient than direct regulation and may even lead to higher employment (see footnotes). Many large users of carbon resources in electricity generation, such as the United States, Russia, and China, are resisting carbon taxation.

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