El llamado Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, más conocido como Constitución Europea o Tratado Constitucional, cuyo proyecto había sido aprobado el 18 de junio de 2003, lo firmaron en Roma los jefes de gobierno de los países que forman la Unión Europea a 29 de octubre de 2004. La UE se basa en los Tratados Constitutivos (Tratado de París, mientras existió la CECA, y Tratado de Roma) y los Tratados y Actas que los modifican (Bruselas, Acta Única Europea, Maastricht, Ámsterdam, Niza y los sucesivos Tratados de Adhesión) que fijan sus normas de funcionamiento y actuación. Este nuevo documento (conocido técnicamente como "Tratado constitucional") reemplazaría dichos tratados y sería similar a la constitución de un país. El 12 de enero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones, en la que recomendó a los Estados miembros que ratificaran la Constitución. En algunos países, el tratado fue sometido a referéndum que tuvo resultados distintos y mientras en España hubo una campaña de bajo nivel por eso los electores lo aprobaron con una baja participación (44%) en Francia y Holanda con una alta participación (69 y 63%, respectivamente) fue rechazado. Ello provocó una crisis institucional europea.

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The Treaty establishing a Constitution for Europe (TCE), (commonly referred to as the European Constitution or as the Constitutional Treaty), was an unratified international treaty intended to create a consolidated constitution for the European Union (EU). It would have replaced the existing European Union treaties with a single text, given legal force to the Charter of Fundamental Rights, and expanded Qualified Majority Voting into policy areas which had previously been decided by unanimity among member states. The Treaty was signed on 29 October 2004 by representatives of the then 25 member states of the European Union. It was later ratified by 18 member states, which included referendums endorsing it in Spain and Luxembourg. However the rejection of the document by French and Dutch voters in May and June 2005 brought the ratification process to an end. Following a period of reflection, the Treaty of Lisbon was created to replace the Constitutional Treaty. This contained many of the changes that were originally placed in the Constitutional Treaty but was formulated as amendments to the existing treaties. Signed on 13 December 2007, the Lisbon Treaty entered into force on 1 December 2009.

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